Presentación Número 10

Resumen

En diciembre de 2019, en Wuhan, provincia de Hubei, China, surgió una nueva enfermedad respiratoria infecciosa, la COVID-19, que en cuestión de pocos meses pasaría a convertirse en una pandemia, cobrándose, hasta la fecha, más de medio millón de vidas. Con el fin de controlar la rápida expansión de la enfermedad  y de mitigar su impacto en las sociedades, los sistemas de salud y las economías, los gobiernos a nivel mundial han adoptado una serie de prácticas preventivas como el distanciamiento social, el cese temporal de ciertas actividades económicas, la limitación de la movilidad, el uso de mascarillas protectoras o medidas de higiene especiales. Aunque estas medidas están destinadas a proteger la salud física y los sistemas de salud, sus “efectos secundarios” no han tardado en hacerse notar en el bienestar de las personas, sobre todo en aquéllas con escasos recursos económicos. Esto no sólo ha dificultado el control de la pandemia, sino que también ha  generado un aumento de la pobreza y las desigualdades a escala mundial (UNDP, 2020). En este contexto, el impacto de la COVID-19 se ha hecho notar especialmente en procesos migratorios.